Manuel Marchena Gómez, expresidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, ha inaugurado dentro de los II Cursos de Verano CEU en San Lorenzo de El Escorial el curso «Justicia y Estado de Derecho” con la ponencia “La participación ciudadana en la administración de justicia: acción popular y jurado”, en la que ha reflexionado sobre el papel, los límites y el sentido actual de esta figura jurídica en España.
El magistrado ha comenzado su intervención despejando una confusión frecuente en el debate público, al distinguir entre la acción popular y la acusación popular, dos conceptos que, según ha explicado, se emplean habitualmente como sinónimos sin serlo: “La acción popular no tiene nada que ver con la acusación popular. La acción política no está vinculada al delito”.
A partir de esta distinción, Marchena ha alertado sobre el riesgo de que la acción popular se emplee de forma desviada respecto a su función original, lo que ha calificado como un “uso patológico”, sin que ello ponga en cuestión su carácter indispensable dentro del sistema judicial español. En este sentido, el expresidente del Tribunal Supremo ha defendido que España no puede permitir que la acusación popular termine ejerciendo, de facto, un monopolio sobre la acción penal.
Buena parte de su intervención se ha centrado en la creciente confusión entre el lenguaje político y el lenguaje jurídico, una tendencia que, a su juicio, distorsiona el debate público: “En muchas ocasiones se traslada el lenguaje penal al ejercicio de la política”. Frente a esto, Marchena ha defendido la necesidad de fijar límites claros, tanto en el terreno político como en el jurídico, subrayando que entre la acción popular y el delito que se persigue debe existir siempre una relación proporcionada.
El magistrado también ha repasado la evolución normativa de esta institución, haciendo referencia a la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con modificaciones relevantes. Pese a los cambios introducidos, Marchena ha insistido en que la acción popular sigue siendo un mandato constitucional y ha reclamado recuperar su sentido histórico original, alertando además de que las instituciones jurídicas no deberían modificarse siempre desde una lógica meramente adhesiva o coyuntural.
Otro de los aspectos que ha abordado ha sido el papel de los medios de comunicación en la aceleración de determinados procesos judiciales, señalando que, desde el momento en que se difunde la noticia de un posible delito, se pone en marcha una movilización social que en muchas ocasiones precede al propio desarrollo judicial de los hechos.
Para finalizar, Marchena ha reivindicado la necesidad de separar con claridad el lenguaje de la política del lenguaje del derecho, defendiendo una justicia libre de etiquetas ideológicas como condición imprescindible para preservar la propia convivencia social.