Los Cursos de Verano CEU-María Cristina han acogido en su primera edición el curso ‘Justicia y Derecho‘, en el que destacados juristas han analizado el las cuestiones más candentes del ámbito judicial
S.L. DE EL ESCORIAL. 16/7/2025. En el marco de los Cursos de Verano CEU-María Cristina (San Lorenzo de El Escorial), los pasados 16, 17 y 18 de julio, el Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, acogió el curso “Justicia y Estado de Derecho”, dirigido por Alfonso Martínez-Echevarría, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo.
En él, se dieron citas destacados juristas como Pablo Llarena, magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, que participó en la sesión ‘Defensa del sistema de justicia penal y democracia’. Durante su intervención, el magistrado destacó que las instituciones europeas muestran una creciente preocupación por el deterioro de la independencia judicial en diversos países del entorno comunitario. Según explicó, este fenómeno, conocido como backsliding, alude a un retroceso suave pero constante en el respeto a la autonomía del poder judicial.
En este contexto, lamentó que España se sitúe entre los países con peor percepción ciudadana sobre la independencia de sus jueces, pasando del 49% al 55% el porcentaje de ciudadanos que consideran que dicha independencia es “mala” o “muy mala”.
Llarena también ha reivindicó la solidez del modelo de acceso a la carrera judicial en España, subrayando que se trata de un sistema basado en el mérito, el conocimiento y la independencia: “El sistema español garantiza que quienes acceden a la carrera judicial poseen un conocimiento profundo y riguroso del ordenamiento jurídico, ya que su actuación está sometida únicamente al imperio de la ley. Además, no hay ningún juez en España que sienta que debe su puesto a nadie: todos tienen la convicción de que han llegado por mérito propio, fruto de su esfuerzo personal.”
Además, Pablo Llarena señaló que la propuesta de trasladar la instrucción penal al Ministerio Fiscal, sin una reforma previa de su estatuto orgánico ni garantías adicionales, puede comprometer gravemente la independencia del proceso judicial. “Si se transfiere la instrucción penal al Ministerio Fiscal sin reformar su estatuto orgánico, y sin prever garantías como la inamovilidad del fiscal investigador o la posibilidad de discrepar de órdenes jerárquicas, se introduce un grave riesgo para la independencia. El juez instructor cuenta con la protección del artículo 117 de la Constitución; el fiscal, hoy por hoy, no».
Este curso partía de una propuesta ambiciosa y muy extensa, pero con un significado singular: establecer la estrecha relación -y dependencia entre la Justicia como valor, el sistema de justicia como operador y, la democracia. Se partirá del derecho a la Justicia como derecho fundamental de los ciudadanos en un estado democrático;
democracia que no se concibe sin la necesaria separación de poderes. Desde esta óptica se estructuran estas jornadas, partiendo de la Justicia como derecho fundamental, se analizan temas como la independencia judicial; la necesaria instrucción judicial de los procedimientos penales; el Ministerio Fiscal como garante de la defensa de los derechos de los ciudadanos; abogacía y derecho de defensa. En suma, se trata de reflexionar durante unos días de la mano de actores y expertos en el tema, de la necesaria imbricación y causalidad de la Justicia y la Democracia
Otras ponencias celebradas durante el curso fueron ‘Instrucción judicial o fiscal y Estado de Derecho’, que impartió Carmelo Jiménez Segado, magistrado y letrado del Tribunal Constitucional; y la ponencia ‘Derecho de defensa y ejercicio de la abogacía en un estado democrático’, impartida por el abogado Antonio Abellán Albertos.